En meses anteriores luego que un ciudadano interpusiera una demanda por inconstitucionalidad, respecto a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo  que tratan el fuero de maternidad, la Corte Constitucional Colombiana,  el pasado 19 de enero mediante la sentencia C-005 de 2017, amplió el concepto de estabilidad laboral reforzada a la pareja de la mujer embarazada o lactante que no tenga trabajo.

La decisión de la Corte fue tomada con base a los siguientes argumentos: el derecho a la igualdad del que gozan las mujeres embarazadas o lactantes que no trabajan; que el derecho a la protección lo tienen todas las mujeres embarazadas o lactantes, sin importar si estas trabajan o no; y que el fuero de maternidad tiene su razón de ser no solamente en prever la discriminación en el ámbito laboral, también se fundamenta en la necesidad de la mujer embarazada o lactante de tener un sustento mínimo para vivir bajo unas condiciones dignas.

Así las cosas, vale la pena aclarar que dicha estabilidad se presume cuando la pareja logre demostrar dos cosas: que la mujer embarazada o lactante es beneficiaria del sistema de seguridad social al que se encuentra afiliado el trabajador, y que depende económicamente de él o ella; asimismo, vale la pena resaltar que por pareja no sólo se debe entender esposos, también novios o compañeros permanente (personas que viven en “unión libre”), y debe extenderse a parejas homosexuales, y cuando la paternidad y la maternidad provenga de una adopción.

Si bien es cierto, que conforme a lo descrito anteriormente, la Corte Constitucional a través de su decisión, está velando por el cumplimento de un derecho fundamental del que gozan los colombianos, como lo es la igualdad, y que a su vez, está actuando conforme a las directrices filosóficas que enmarcan nuestro país como un Estado Social de Derecho, es importante ver la otra cara de la moneda: el impacto que genera este tipo de decisiones jurisprudenciales al interior de las empresas colombianas.

Para nadie es un secreto que las decisiones respecto a la estabilidad laboral reforzada generan controversia, y especial preocupación sobre los empleadores, puesto que en ocasiones la legislación colombiana es particularmente proteccionista con los trabajadores, perjudicando los intereses de los empresarios, especialmente cuando se trata de relaciones laborales que no resultan beneficiosas para éstos.

Esta situación genera que la informalidad laboral incremente, y con ello la simulación de otras tipologías de contratos para ocultar el verdadero contrato individual de trabajo que surge (contratos como: prestación de servicios, concesión de espacios, etc.). Además, dificulta la elección de mujeres en procesos de selección, por el miedo a que en un futuro se conviertan en madres.

Ahora bien, la pregunta que nos hacemos, es si en realidad tanto proteccionismo es beneficioso para los trabajadores colombianos, porque viendo el panorama actual no es de extrañarse que el sector empresarial colombiano día a día prefiera celebrar contratos de prestación de servicios, o que prescinda de los servicios de personales medianamente maduros, con el fin de que se conviertan en padres.

Valeria Caldera